Buena parte de las cifras de las cuentas anuales de 2026 depende de estimaciones y juicios que los administradores deben formar y documentar antes del cierre: si la empresa mantiene su continuidad, cuánto de los créditos se cobrará, cuánto valen realmente las existencias y qué consecuencias tiene un patrimonio neto deteriorado.
Son decisiones que afectan a la imagen fiel, a la responsabilidad de los administradores y, en su caso, a la causa de disolución por pérdidas.
El presente artículo analiza el principio de empresa en funcionamiento, el deterioro de créditos y de existencias, y la gestión de fondos propios negativos, con especial atención a la normativa transitoria aplicable al cierre de 2026.
Principio de empresa en funcionamiento.
El principio se presume vigente, salvo prueba en contrario, y la dirección debe valorar al formular las cuentas los factores que cuestionan la continuidad y los que la mitigan. La Resolución del ICAC de 18 de octubre de 2013 agrupa los indicios en tres bloques:
• Financieros: patrimonio neto o fondo de maniobra negativos, dependencia de deuda a corto plazo, flujos de explotación negativos, impagos, incumplimiento de covenants o dificultad para financiar inversiones esenciales.
• Operativos: intención de liquidar, pérdida de clientes, proveedores o mercados relevantes, salida de directivos clave, conflictos laborales o falta de suministros.
• Legales: incumplimiento de requisitos de capital, procedimientos con reclamaciones probablemente no atendibles o cambios normativos adversos.
Los factores mitigantes, como la venta de activos, la renegociación de deuda, las ampliaciones de capital o la financiación alternativa, solo cuentan si están documentados y son realistas.
Si existe incertidumbre significativa pero la empresa continúa, el hecho se describe en la memoria, dentro de los aspectos críticos de la valoración y la estimación de la incertidumbre.
Solo cuando se acuerda la liquidación, o los responsables concluyen que no hay alternativa realista a cesar la actividad, deben aplicarse los criterios de la Resolución: los activos se valoran por el menor entre su valor contable y su valor de liquidación, se deja de aplicar el valor en uso y los impuestos diferidos se dan de baja salvo que sea probable su recuperación. Si el hecho se conoce tras la formulación pero antes de la aprobación, las cuentas deben reformularse.
Valoración de créditos comerciales.
La norma de registro y valoración 9.ª del PGC exige corregir el valor de los créditos al cierre cuando existe evidencia objetiva de que han perdido valor por hechos posteriores a su reconocimiento que reducen o retrasan los flujos de efectivo esperados, como la insolvencia del deudor, el impago reiterado o la dificultad de cobro de facturas anteriores.
La pérdida se registra como gasto en la cuenta de resultados (cuenta 694, contra la 490) y se revierte como ingreso si desaparece la causa.
Cuando el deudor entra en concurso, el crédito debe revisarse por el importe que razonablemente se recupere según el convenio propuesto o la liquidación, y los créditos con garantía real o seguro de crédito se estiman por la parte no cubierta.
La práctica de cierre debe distinguir tres aspectos:
• Contable: el deterioro mide la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos esperados. En créditos a corto plazo sin tipo de interés contractual el descuento no suele ser relevante, pero sí la estimación de la parte cobrable (garantías, seguro de crédito, avales, deudor concursado). La corrección puede ser individualizada o, para carteras homogéneas, colectiva.
• Fiscal: el art. 13.2.a LIS solo admite la deducción del deterioro cuando han transcurrido seis meses desde el vencimiento, el deudor está en concurso, ha sido procesado por alzamiento de bienes o el crédito está reclamado judicialmente o en arbitraje. Si el deterioro contable se anticipa, se produce una diferencia temporaria positiva que revierte cuando se cumpla el requisito.
• Antigüedad y partes vinculadas: la cartera vencida no es en sí misma prueba de deterioro, ni el crédito reciente garantiza su cobro; los saldos con partes vinculadas y los frente a deudores en dificultad deben evaluarse de forma individual y documentarse.
La cuestión relevante para la dirección no es solo el importe, sino la evidencia que lo sustenta: una antigüedad de la cartera por deudor, el seguimiento de gestiones de cobro y la información posterior al cierre hasta la formulación.
Existencias: coste frente a valor neto realizable.
Las existencias se valoran al menor entre su coste y su valor neto realizable (NRV 10.ª PGC).
Cuando el valor neto realizable es inferior al coste de adquisición o de producción, procede registrar una corrección valorativa, que se revierte si cesan las circunstancias que la causaron.
Para las mercaderías y productos terminados, el valor neto realizable es el precio estimado de venta menos los costes necesarios para vender; para las materias primas, suele tomarse el precio de reposición, salvo que el producto terminado en el que se integran se venda con margen suficiente.
Los factores que con más frecuencia justifican la corrección son la obsolescencia o la baja rotación, el deterioro físico, la caída de precios de venta, las ventas posteriores al cierre por debajo del coste y los pedidos en firme a precio inferior.
En empresas con tensión de tesorería o en proceso de reestructuración conviene contrastar además si la liquidación acelerada del stock es realista, porque determina el valor recuperable.
Las existencias en poder de terceros, en consigna o en tránsito requieren confirmación, y los errores de corte en el inventario distorsionan tanto el stock como el margen del ejercicio.
La evidencia exigible incluye el recuento físico con diferencias de inventario analizadas, el análisis de rotación por referencia y las ventas posteriores al cierre. La deducibilidad fiscal del deterioro depende de su contabilización y de que pueda justificarse, por lo que debe revisarse con el art. 13 LIS antes de dar por supuesto el ajuste.
Fondos propios negativos y causa de disolución.
El art. 363.1.e LSC establece como causa de disolución las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, salvo que este se aumente o reduzca en la medida suficiente y no sea procedente solicitar el concurso.
Los administradores deben convocar la junta en el plazo de dos meses (art. 365 LSC), y su inacción puede derivar en responsabilidad solidaria por las deudas sociales posteriores.
Debe distinguirse esta situación de los fondos propios negativos en sentido estricto, en los que el desequilibrio es mayor y la continuidad queda comprometida.
Moratoria de pérdidas y cierre de 2026. El art. 30 del RDL 7/2026 excluye las pérdidas de 2020 y 2021 del test del art. 363.1.e LSC hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026; las de 2022 a 2026 sí computan. Para una sociedad con ejercicio natural, el test al cierre de 2026 volverá a incluir las pérdidas de 2020 y 2021, y es previsible que sociedades que han estado protegidas incurran en causa de disolución sin que hayan variado sus cifras. Algunos autores cuestionan la técnica normativa y señalan dudas sobre la fecha desde la que corre el plazo de dos meses, por lo que la anticipación es prudente.
Alternativas de saneamiento.
Antes del cierre pueden estudiarse la ampliación de capital por compensación de créditos o aportación dineraria, la reducción de capital para compensar pérdidas (con la limitación de la reserva legal), las aportaciones de socios a fondos propios, la capitalización de deuda o las quitas con acreedores, y, cuando la solución tampoco es viable, los instrumentos preconcursales.
Conviene fijar el tratamiento contable en el acuerdo de la junta: las aportaciones de socios para compensar pérdidas se registran como patrimonio neto (cuenta 118) sin obligación de devolución, mientras que los préstamos de socios son pasivo, salvo que sean participativos. Los préstamos participativos computan como patrimonio neto a efectos de la disolución y de la reducción obligatoria de capital.
Pautas de actuación.
1. Documentar la evaluación de continuidad antes de formular: indicios, factores mitigantes, presupuesto de tesorería y plan de financiación, con constancia en acta del órgano de administración.
2. Calcular el patrimonio neto a efectos del art. 363.1.e LSC sobre el cierre provisional, incluyendo las pérdidas de 2020 y 2021 desde el cierre de 2026.
3. Establecer evidencia del deterioro de créditos: antigüedad por deudor, gestiones de cobro, garantías, seguros y hechos posteriores al cierre.
4. Contrastar existencias mediante recuento, análisis de rotación y ventas posteriores, y justificar el valor neto realizable por referencia.
5. Valorar el efecto fiscal: diferencia temporaria por deterioros que no cumplen el requisito de deducibilidad en el ejercicio.
6. Informar en la memoria de las incertidumbres significativas sobre la continuidad y de las estimaciones críticas.
7. Si procede, activar el saneamiento (capital, deuda o preconcurso) antes de formular, y no después de convocada la junta.
Conclusiones.
El cierre de 2026 exige tres juicios coherentes entre sí: la continuidad de la empresa, el valor recuperable de créditos y existencias y la situación patrimonial frente a la causa de disolución.
El fin de la exclusión de pérdidas de 2020 y 2021 convierte esta última cuestión en la más urgente.
Una evaluación documentada, evidencias suficientes y un plan de saneamiento anticipado protegen la imagen fiel y reducen el riesgo de responsabilidad de los administradores.
Análisis detallado del principio de empresa en funcionamiento